Antes del arribo de Cárdenas a la presidencia de México y del establecimiento de la educación socialista, en el periódico oficial local se publicaron documentos importantes como el Plan Sexenal del Partido Nacional Revolucionario 1934-1940, y el Programa de Estudios y de Acción de la Escuela Socialista.

En el último documento, a la escuela socialista se le llama Escuela Socializada, Escuela Nueva, Escuela Activa, Escuela del Trabajo, herencia de la Revolución de 1910 al servicio de los sectores más necesitados de la sociedad mexicana, dirigida a despertar en los alumnos “un espíritu amplio de solidaridad humana”. No se abordan las cuestiones salariales de los maestros. En cambio, en el Plan Sexenal se afirma que los gobiernos aumentarían los presupuestos destinados a la educación para cumplir con los principios de que ésta fuera gratuita y obligatoria, además de socialista, establecidos en el artículo 3º constitucional. Tampoco en dicho plan se aborda la condición salarial de los profesores.

En el periódico Excélsior (17/08/1934), se puede leer la respuesta de la Comisión Especial del Bloque Nacional Revolucionario de la Cámara de Diputados, encargada de hacer el proyecto de reformas al artículo 3º constitucional “tendientes a sustituir la enseñanza laica por otra de extensión socialista”. Esta comisión estuvo encabezada por Alberto Bremauntz y Alberto Coria. El propósito de la nueva educación era: “Formar una juventud socialista fuerte, física e intelectualmente, libre de prejuicios, religiosos, tanto en el campo como en las ciudades”. Todo desde la escuela rural hasta la universidad. A los profesores se les pedía plena identificación con la reforma, “a fin de poner en el lugar que les corresponde a los profesores revolucionarios, competentes y en espera de que las Escuelas Normales, reorganizadas, produzcan la nueva generación de maestros socialistas”. “El futuro del país pertenece a la niñez y juventud socialista, que ahora se orienta y cultiva en los establecimientos educativos”.

Si bien esto tuvo ajustes en la práctica, la educación superior no fue reformada, no se habla de aumentar los salarios de los maestros; se habla de rumbos y programas de la nueva educación, de nuevos planes, libros, programas y maestros, pero no de mejoras salariales. A pesar de ello, sí hay cierta amenaza en la prensa oficial para los profesores, especialmente para los que no eran de carrera.

En el Programa de Educación Pública del C. Presidente de la República, general de división Lázaro Cárdenas, firmado el 2 de diciembre de 1934 –es decir, el día siguiente al de su toma de posesión–, quedó registrado que 60 por ciento del magisterio de educación elemental estaba constituido por mujeres, casi todas “con ideología conservadora y desconocedora casi en su totalidad de la filosofía socialista”. Por ello convenía hacer una “depuración ideológica”, suspendiendo al profesor (a) de su trabajo, si era necesario (AHENP, 1934).

El 17 de enero de 1934 apareció en la Gaceta del Gobierno, Órgano del Gobierno Constitucional del Estado de México (1934a),[1] un comunicado del presidente Abelardo L. Rodríguez, dirigido a los trabajadores del país:

Al promover el alza de los salarios, no se ha tomado exclusivamente en cuenta el interés del factor trabajo [trabajadores], pues tengo para mí, que al aumentarse la capacidad de consumo de las grandes masas de la población, dentro del enlace que existe de los fenómenos económicos, aumentará la producción y el volumen de las ventas, y con una organización científica del trabajo, se logrará un mejor costo de producción, mejores rendimientos y mayores beneficios para los empresarios.

En el documento, titulado “En vez de salarios de hambre, organización y altos salarios”, se refuerzan las ideas de la economía como ciencia para explicar y controlar la producción y el mercado-consumo de las mercancías; la ayuda de las ciencias para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, sin perjudicar a los dueños del capital. Al fijar el salario mínimo de los trabajadores, se cumplía con lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo de 1931, y los patrones estaban en la obligación de pagarlo. En el caso de los maestros de las escuelas públicas, el patrón era el gobierno estatal.

En la misma Gaceta (1934b), se publicó el primer informe de gobierno del gobernador José Luis Solórzano, rendido el 1º de marzo del mismo año. En este documento se resalta lo que sucedía con el erario estatal. El gobernador informa que Hacienda tenía numerosos y graves problemas, pues estaba en números rojos por la falta de pago de impuestos diversos de los contribuyentes. Por ello no se les había pagado su salario a los servidores públicos, y el gobierno federal había tenido que prestarle cien mil pesos al estatal para cubrir algunas de sus necesidades. El gobernador anuncia la creación del Departamento de Inspección Fiscal, para obligar a los contribuyentes a pagar sus impuestos, en especial el correspondiente a la propiedad de bienes inmuebles rurales y urbanos. En el apartado sobre educación, el gobernador informa que se proponía reformar planes y programas de estudio y mejorar las condiciones de vida del magisterio, así como impulsar el sistema de escalafón, la inamovilidad de los docentes, las pensiones y jubilaciones, y la caja de ahorros.

En 1934 había 1285 planteles educativos en la entidad, entre estatales, federales y privados. La mayoría eran escuelas primarias elementales rurales, “escuelas cuya misión es la de preparar a las masas campesinas y obreras para las diarias tareas de su vida práctica” (Gaceta, 1934c). Se dice que la escuela sería la base del progreso del país. Se pide a la Cámara local el aumento del presupuesto estatal para construir y mejorar las escuelas, en particular las elementales rurales, y para aumentar los salarios de los maestros. Según lo publicado en la prensa oficial, parecía que iban a mejorar las condiciones salariales de los profesores.

En los primeros meses de 1934 se convocó a patrones y trabajadores a fin de establecer el salario mínimo de la entidad para ese año. Por unanimidad se acordó que dicho salario fuera de setenta y cinco centavos diarios para el trabajador del campo, y de un peso para el de la ciudad (Gaceta, 1934d). Este dinero era el “límite mínimo” que se precisaba para cubrir las necesidades básicas del trabajador, incluida la educación y los “placeres honestos”, como lo establecía el artículo 123 constitucional. La vigencia de ese salario abarcaría del 1º de marzo de 1934 al 31 de diciembre de 1935.

Este salario mínimo, se dijo en la prensa oficial, sería suficiente para fijar al trabajador del campo en su lugar de trabajo, “para combatir la concentración de población artificial en las ciudades en donde abundan jornaleros sin trabajo con perjuicio del desarrollo agrícola y de la economía general del país” (Gaceta, 1934d).

El gobernador informa en sus comunicados que la armonía reinaba en la entidad, especialmente entre trabajadores y patrones, entre el gobierno estatal y sus empleados. Se impulsaría el censo de propiedades rústicas y urbanas para el cobro de impuesto predial, principal apoyo del erario. La recaudación de impuestos había bajado también por las malas condiciones naturales: sequía, inundaciones, pérdida de cosechas.

En la Gaceta (1934e) apareció un interesante informe del gobernador en el que alude al decreto número 29 del gobierno federal, del 24 de mayo de 1932, sobre el número de los ministros de los diversos cultos que debían ejercer su ministerio en cada entidad, de acuerdo con la población que en ella existía. En el Estado de México, se informa en ese comunicado, sólo debía haber 34 templos destinados al culto católico, y los demás, de acuerdo con el decreto, debían ser convertidos en escuelas y bibliotecas, así se ahorraría dinero público para la construcción de escuelas. Esto no se llevó a cabo, ¡y qué bueno!, ya que tal vez ello hubiera desatado otra guerra cristera, como la recién terminada, y que tantas vidas de mexicanos, de uno y otro bando, le habían costado al país.

También había otro inconveniente: muchas escuelas elementales, en particular las rurales, carecían de edificio, y funcionaban en los anexos de las iglesias católicas que los sacerdotes prestaban a las autoridades, para funcionar como escuelas públicas.

El gobernador Solórzano anunció que tenía buenas relaciones con el presidente y estaba dispuesto a llevar a cabo la reforma educativa en la entidad. Se organizó el Consejo General de Educación para dirigir el funcionamiento técnico del sistema educativo estatal; y la Dirección de Educación, que ya existía, se encargaría del aspecto administrativo. Los maestros estatales, no todos, se habían organizado, a manera de sindicato, en la Liga de Maestros del Estado de México, y parecía haber buenas relaciones entre el magisterio estatal y el gobernador, pero pronto empezaron los problemas.

En la Gaceta (1935a) apareció parte del Informe del gobernador dado el 1º de septiembre, en el que se lee: “A principios del mes de junio próximo pasado, un grupo de profesores decretó un movimiento de huelga, originado por el retraso que han venido sufriendo en el pago de sus sueldos”. Nuevamente se pidió la intervención no sólo económica del gobierno federal: el mismo Gonzalo Vázquez Vela, secretario de Educación Pública, fungió como intermediario neutral entre las partes.

La huelga parecía haberse resuelto de manera sencilla, pero los problemas en la entidad y en el país continuaron. En septiembre de 1935, los maestros vuelven a amenazar al gobierno estatal con declararse en huelga, y la prensa oficial da cuenta de problemas provocados por cuestiones económicas y por las “clases sociales [que] luchan apasionadamente por la defensa de sus respectivos intereses”, mientras otros intereses de origen mezquino “evidencian solamente maniobras de baja politiquería, inspirados en pasiones ruines y apetitos bastardos”. Estos últimos eran los profesores huelguistas (Gaceta, 1935b).

La fractura política entre Calles y Cárdenas ocurrida en 1936, y la purga de los “callistas”, llegó hasta el Estado de México. El gobernador Solórzano renunció a su cargo el último día de 1935 y el propio Calles desapareció de la geografía política local. “Se deroga el Decreto número 23, de fecha 29 de mayo de 1928, por el que se declaró ciudadano del Estado de México, al general Plutarco Elías Calles y se dispone que su nombre quede inscrito en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder Legislativo” (Gaceta, 1936). En el lugar de José Luis Solórzano como gobernador del Estado de México, en su calidad de interino quedó el doctor Eucario López Contreras. Éste, queriendo depurar al magisterio estatal, especialmente a quienes encabezaban a los inconformes por sus salarios, bajos y no pagados a tiempo, ordenó, el mismo día que renunció Solórzano, el cese general de todos los profesores pagados por el gobierno estatal, y su nueva recontratación. En un mensaje del gobernador al director de Educación Pública del Estado de México se afirma: “En virtud de la reorganización del Ramo Educativo, hágase cesar con esta fecha [31 de diciembre de 1935], a todo el profesorado de las Escuelas Rurales, de Párvulos, Elementales, Superiores, Nocturnas, Secundarias, Preparatoria, Normal, Industriales y Vocacionales, existentes en el Estado” (AHEM, 1936c).

Esto hizo que muchos inconformes doblaran las manos, ante la velada amenaza que pendía sobre su recontratación. Los nuevos nombramientos y salarios se ajustarían a los presupuestos del gobierno estatal, que seguían siendo insuficientes. Se recibieron nuevamente apoyos del presupuesto federal, y se unificaron planes y programas de los dos sistemas educativos: el federal y el estatal. También se reconoció como director de Educación Estatal a Eduardo Garza, quien era a la vez el director de Educación Federal en el Estado de México. Tal parece que el gobierno federal dudaba de la capacidad del estatal para controlar a los profesores.

Ante el cese general del profesorado por orden del gobernador, tal vez influido por las autoridades federales, algunos profesores estatales volvieron a llamar a la huelga a sus compañeros, ante lo cual, el rechazo de los diputados locales fue inmediato: “Y tal actitud del magisterio es tanto más penosa y lamentable cuanto que son precisamente los maestros, los encargados de educar a la niñez, quienes se han dado con penosa frecuencia a la tarea de darle el mal ejemplo de indisciplina y de agitación violenta e injustificada” (Gaceta, 1936). Varios profesores, probablemente los más inconformes, no volvieron a sus trabajos.

Wenceslao Labra ocupará el puesto de gobernador constitucional del Estado de México a partir del 16 de septiembre de 1937, pero los problemas con los profesores estatales no terminarán con la llegada del nuevo gobernador. Labra pidió todavía más a los maestros. Envió a la Cámara de Diputados local una iniciativa de ley por la cual se establecería una escuela para empleados públicos llamada “18 de marzo”, destinada a preparar y capacitar a los empleados públicos, y en la cual trabajarían los mismos maestros pagados por el gobierno estatal que tuvieran conocimientos sobre redacción, elaboración de papelería oficial, matemáticas, taquigrafía, mecanografía, contabilidad, inglés, cálculo, legislación y otros asuntos más, y lo harían fuera de las horas del trabajo de sus escuelas, y de manera gratuita (Gaceta, 1940).

No me explico cómo trabajaron los profesores estatales en la aplicación de la reforma de la educación socialista, pues en un decreto del 28 de marzo de 1939 publicado en la Gaceta por el gobernador Labra, se establece que, para “[c]onstituir a la Escuela, ante todo, en un laboratorio, donde se forje una ideología fundamentalmente socialista, se derogan los programas de estudio de kindergarten, escuela primaria elemental y superior, de 1932 y se implantan los programas federales de la Secretaría de Educación Pública”. Entonces, ¿con qué programas de estudio trabajaban antes los maestros?

1939 fue un año difícil por el alza de costos que tuvieron las mercancías y los servicios, en particular los que más consumían las clases populares. Mediante un decreto firmado por el presidente Cárdenas (Gaceta, 1939), se crearon en toda la república los Comités Locales Consultivos de Artículos de Consumo Necesario para evitar las alzas indebidas de precios en los artículos de primera necesidad; regular el mercado y evitar los monopolios especialmente referidos al maíz, frijol, harina, trigo y azúcar; así como fijar precios máximos y multar a quienes no respetaran estos precios con multas que iban desde los 25 hasta los 10 000 pesos.

Para 1940-1941, en el Estado de México se fijó como salario mínimo 1.75 pesos para zonas urbanas y 1.25 para las rurales. Entre 1935 y 1940, los salarios de los profesores iban desde 9 pesos diarios, para el director del Instituto Científico y Literario, hasta 1.50 que les pagaban a los profesores de las escuelas rurales, lo mismo que ganaba el jardinero de la casa donde vivía el gobernador. El director de la Escuela Normal Mixta de Toluca ganaba 7 pesos, lo mismo que los inspectores de zona; el director de la escuela para niños “Mariano Riva Palacio”, en Toluca, ganaba 4.25 pesos; la directora de una escuela semejante, de organización completa y también en Toluca, pero de niñas, como lo era la “Luisa Maldonado”, ganaba 3.50, ¿quizá por ser mujer? Sus auxiliares, si eran profesores de la primaria superior (quinto y sexto años), ganaban 2.50, y si eran de la elemental (primero a cuarto año), 2.25 pesos diarios.

Por las cartas encontradas en el Archivo Histórico del Estado de México, enviadas por los profesores o sus familiares, especialmente al gobernador en turno, se puede deducir en qué condiciones vivían muchos de ellos. Hay cartas de viudas de profesores en las que demandan que al menos se les pague completo el mes en que sus maridos murieron. En otras, los profesores solicitan préstamos al gobernador, diciendo que, si se les otorgan, no se los descuenten “de sopetón”, pues entonces se quedarán sin un centavo.

Hay cartas difíciles de leer, como la del profesor Leopoldo Flores, quien le dice al gobernador que él camina 14 kilómetros para llegar a la escuela en la que trabaja, motivo por el cual se le han “atrofiado los nervios sensitivos y motores” y pide le manden un profesor para que le ayude. Le habían mandado una maestra “de carrera”, pero “[e]stas muñequitas de polendas […] se creen superiores y trabajan lo menos posible”. El profesor narra que, para aliviar su situación, los vecinos van a conseguirle un colchón y un cuarto para que se quede a dormir en el pueblo, y por las tardes pueda atender la escuela de alfabetización de adultos (AHEM, 1937b).

También hay cartas de los padres de familia en las que piden que no les quiten a sus maestros, como fue el caso de la profesora María Sandoval en el pueblo de San Bartolito, Tenango del Valle, que “aunque es pobre de notoriedad, se dedica de todo corazón a su trabajo” (AHEM, 1935d). Hay pueblos donde el maestro, los padres de familia y los propios alumnos ayudan a la construcción de la escuela rural, y así pueden dejar las instalaciones de la iglesia, como ocurrió en el pueblo de San Lorenzo Huehuetitlán, en Tenango del Valle. El comunicado termina con la frase: “Toda la justicia al maestro”. Maestros que, por no pagarles su salario, dan testimonios como este: “He tenido que ir sin comer a la escuela” (profesora Delfina Iniesta de Santa Cruz Atizapán, Tenango del Valle).

El director de la escuela de Joquicingo, Tenango del Valle, Joaquín O. Guzmán, se queja del pueblo en el que trabaja, “pueblo pobre lo mismo que su gente y su escuela”, niños desnutridos, sucios y sarnosos, “todo pobre” (AHEM, 1935e). Para colmo, los profesores tenían que sufrir descuentos del partido del gobierno, el Partido Nacional Revolucionario, “un día de haber mensual, dizque para el comité estatal del PNR”. A estos comunicados, el gobernador responde que eso no es de su incumbencia, que dirijan sus cartas al partido; y les recomienda dar esa cooperación, pues “deben estar solidarizados con el Partido Político que los sostiene” (AHEM, 1935c). El documento no explica a qué se refiere al gobernador cuando dice que sean solidarios con el partido que sostiene a los maestros.

Ante la suspensión de pagos de los profesores estatales por falta de dinero en las arcas públicas, desesperados, los maestros tomaron algunas oficinas de los receptores de rentas encargados de hacer estos pagos. Así sucedió en Santiago Tianguistenco, donde el receptor les solicitó a los profesores violentos “abnegación y paciencia”, a lo que ellos contestaron: “¿Más?” (AHEM, 1935f).

Para formar a los maestros tanto pedagógica y técnica como ideológicamente, en especial a los rurales que por lo general no eran “de carrera”, se organizaron cursos de capacitación. Éstos solían impartirse en centros urbanos distantes de los lugares de trabajo del profesor rural. El maestro Carlos Palomares trabajaba en Joquicingo, distrito de Tenango del Valle, y tenía que ir a la ciudad de México para asistir a estos cursos; si él ganaba 1.50 pesos diarios, ¿cómo podía asistir a estos cursos de fin de semana?

Los propios comerciantes de los lugares de trabajo de los maestros, especialmente los rurales, parece que tomaron partido por ellos. El señor Ramón Acacio, comerciante de Tenango del Valle, mandó una carta al gobernador en la que le pide que se les pague a los maestros, pues le deben dinero a él, pero no le han podido pagar por no recibir puntualmente el pago de sus sueldos; el comerciante amenaza con ya no fiar más mercancías a los maestros, si antes no le pagan su deuda (AHEM, 1936b).

Los profesores también acuden a la ayuda económica de los padres de familia. En Maxtleca, Joquicingo, los padres le solicitan al gobernador que pague el sueldo del maestro Vicente Valdés, “por encontrase en gran pobreza”, y afirman que ellos no pueden ayudarle porque “no hay dinero”. Otros maestros poseen algunos animales de corral, por lo general gallinas, y les piden a sus alumnos un puño de maíz cada semana. Los pueblos solicitan escuelas y maestros para los niños y para los adultos analfabetos, en tanto que la respuesta del gobierno con frecuencia es la misma: no hay dinero para hacerlo.

Los que suscriben, hijos y vecinos de esta Municipalidad, deseosos de Educación e Instrucción, por nuestra crasa ignorancia, atenta y respetuosamente expresamos que: Por carecer algunas veces hasta de los útiles y medios de vida para nuestra existencia, dada la carestía [carencia] de trabajo, pues no es constante, y, ya que tanto necesitamos la aludida educación, de la que carecemos desde nuestra infancia, pues algunos de nosotros ni nuestro nombre sabemos escribir, SOLICITAMOS, C. Director [la carta está dirigida al Director de Educación Pública del Estado], se sirva poner toda su influencia ante el C. Gobernador, asiduo amante de la Instrucción, a fin de que sea nombrado y facultado el actual C. Director de la Escuela Oficial de esta Cabecera, para que nos imparta la ENSEÑANZA NOCTURNA, previa la retribución o pago que el Erario del Estado juzgue conveniente hacerle, ya que nosotros, como antes dijimos, nos es imposible recompensarle su trabajo, en cualquiera forma, dada nuestra lamentable situación económica. Esperamos esta gracia que es tan necesaria en esta cabecera [Ixtapan de la Sal], no únicamente para nosotros los que enseguida firmamos [luego, no todos eran analfabetos], sino para nuestras mujeres, que están hundidas en el ANALFABETISMO más espantoso (AHEM, 1935c).

Esto significaba que el profesor recibiera un peso más, que el gobierno pagaba a quienes se encargaban de alfabetizar a los adultos; sin embargo, la respuesta de las autoridades fue negativa.

Algunos maestros se quejan por estar enfermos de paludismo y no tener recursos para atenderse (los vecinos no les prestan, pues son igual de pobres que ellos); otro sufrió fracturas al caer de un caballo que le prestaron los vecinos para llegar a su escuela. También se da cuenta de la existencia de pueblos con epidemias de sarampión, tifoidea, sarna, sin atención médica, y cuyo profesor está en peligro de contagiarse. Hay quejas de los maestros por no tener cómo potabilizar el agua y verse obligados a tomar agua de lluvia, con riesgo de enfermarse.

No sólo los maestros dependientes del gobierno del Estado de México afrontaban grandes problemas económicos, lo mismo sucedía con los dependientes del gobierno federal. La siguiente es una carta de la maestra rural Eustolia Mondragón, que trabajaba en el pueblo de San Lucas Tepemajalco, dirigida al secretario general de Educación Pública:

La que suscribe maestra Rural Mixta tiene la honrra de comunicarse ante Ud. con el respeto posible, diciendo que: Me encuentro muy falta de recurzos bastante endrogada, como Ud. sabe me permuté, para mejorar mi salud y lugar, pues parece que me fue más peor, pero me aguanto [porque] creo que el año entrante me dará Ud. una plaza cerca de Toluca.

Por ahora suplico atentamente que tenga a bien, que me libere la orden de pago que ya son dos quincenas que se me deben y suplico que se me pague y creo que como Ud. que es tan bueno para nosotros ara que se me pague. Me antisipo a dar las mas sinceras gracias (AHEM, 1938; transcripción textual).

Una carta de los vecinos de San Mateo Chipiltepec, distrito de Texcoco, da testimonio de la oposición de padres de familia al cese general de los maestros decretado por el gobernador López Contreras:

Teniendo en cuenta la situación por la que actualmente atraviesa el Magisterio del Estado, como consecuencia del cese en masa decretado por el Ejecutivo de su cargo, y que ha venido en grave perjuicio para la niñez de nuestro pueblo, nos permitimos suplicarle de la manera más atenta y respetuosa se sirva reconsiderar dicho decreto en el sentido de que se les reponga en su empleo a los profesores, que han venido prestando sus servicios en la escuela de esta población, así como mejorar su situación económica, al menos con el mismo sueldo del año anterior si no es posible mejorarlos como es de justicia; pues en nuestro concepto consideramos injusto que se les disminuya sus salarios, porque ¿qué estímulo o aliciente podrá tener el maestro con sus raquíticos emolumentos? Además de llevar una vida de privaciones y miseria, es una humillación con que de este modo se le premie a un mentor que es el individuo que está haciendo Patria […] “La Patria será lo que sea la Escuela” (AHEM, 1936b).

Tengo mis dudas de si fueron realmente los padres de familia quienes escribieron esta carta, o en realidad proviene de los propios maestros, afectados por este cese, el cual les resultaba peor que seguir ganando los mismos salarios. Sin embargo, la frase última evidencia el respeto y las esperanzas que los pueblos tenían por la educación y la escuela. En otras cartas dirigidas al gobernador, los profesores le piden que “olvide lo pasado”, como las huelgas, pues “fue una de las tantas fragilidades en las que se puede caer”.

Los padres felicitaron a sus maestros por ser serios, de vida de orden, humildes y sufridos, que soportan las privaciones de los pueblos pobres y aislados. Así sucedió en Ecatzingo, Distrito de Chalco. Pero también los acusan de inmorales, como ejemplo de esto está el caso del profesor Ignacio López Arellano, quien a los niños de San Pedro Tlanixco les vendía los útiles escolares que mandaba el gobierno para repartirlos de manera gratuita; o de la maestra María Elena Hernández, de Almoloya del Río, quien se había ido del lugar con los dineros de la cooperativa escolar. Un vendedor de libros se queja de que los maestros no le pagaban los libros que le compraban, pues no tenían con qué hacerlo.

Si bien no todos los maestros sabían escribir correctamente, de alguna manera querían que las autoridades entendieran sus problemas económicos. Ejemplos de ello son los siguientes fragmentos de cartas dirigidas al gobernador:

Atenido únicamente de mi sueldo, con tan cierta pena me permito expresarle que, desde el diez y seis de marzo a esta fecha [17 de mayo], no he recibido sueldo, no hay ya posibilidad de sostenerme, debo alimentaciones, mis familiares económicamente sufren, a más distanciados de mi lugar por no tener posibilidades de transportación, ruego tuviera la dignísima bondad de ayudarme con la orden de mi pago. San Martín Otzoloapan (AHEM, 1937c).

El profesor Gabriel Flores, quien trabajaba en Huehuetoca, refiere: “en nombre de los autores de sus días tenga a bien si es posible, aumentarme en algo el sueldo que percibo actualmente, usted gobernante benévolo, progresista, protector de la educación y de los humildes maestros…” (AHEM, 1935a).

En carta dirigida al presidente municipal de El Oro, un maestro rural afirma: “tengo a mis pobres hijos casi desnudos y mal alimentados, y no creo honroso, decente ni moral, el que yo saque a exhibir un cuadro de harapos humanos; esto no es razonable ni tampoco culto” (AHEM, 1937a).

Maestros asaltados en los caminos, que iban de las oficinas de pago a su trabajo o domicilio, pidieron a las autoridades estatales les dejaran portar armas para defenderse “y no me quiten mis centavitos”, pues tenían que atravesar barrancas peligrosas por haber asaltantes en esos lugares.

También resulta ilustrativo este testimonio de uno de los maestros “de arriba”, el director de la Escuela Normal Mixta, Enrique E. Schulz, quien opina así respecto a las huelgas magisteriales:

Estimo que el Maestro, por la cultura que posee, por la misión apostólica y la función social que desempeña, no puede confundirse con el agitador vulgar, pues tiene que colocarse en un plano de elevación moral que lo obliga a no abandonar las aulas, perjudicando a sus alumnos y asumiendo actitudes que reprobarán las futuras generaciones. Lograría mucho más, contando con el respaldo de la Sociedad, que al apreciar la abnegación de su labor, le ayude en masa a exigir de quien corresponde, la satisfacción justa de sus demandas, unificando su frente y trabajando con perseverancia para mejorar su clase, haciéndola respetable (AHEM, 1935g).

Como queda de manifiesto, para el ingeniero Schulz, la necesidad económica de los maestros estaba por debajo de su deber social.

En las huelgas de 1935, los docentes pedían el pago de salarios atrasados, no importaba si era con fondos estatales o federales; aumento de sueldos y pago de jubilaciones; no reducción del presupuesto para educación, sino aumento de 40 por ciento; no supresión de escuelas ni maestros, y aumento de inspectores escolares; atención a las necesidades materiales de las escuelas; participación del Bloque de Trabajadores de la Enseñanza del Estado de México en los nombramientos de los profesores; así como la adopción de planes y programas del sistema educativo federal. Al gobernador Solórzano lo acusaron de encabezar “un gobierno retrógrado y antirrevolucionario”, al contrario del gobierno encabezado por Cárdenas. El llamado de los profesores huelguistas fue: “Trabajadores de la enseñanza, uníos”, y hubo respuesta de diversos sindicatos, no sólo de trabajadores docentes: Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, Liga de Trabajadores de la Enseñanza-Subsección Zacatecas, Sindicato Mexicano de Electricistas, Frente Único de Trabajadores de la Enseñanza del Estado de Veracruz.

En este trabajo me propuse invitar a los lectores a reflexionar sobre una etapa histórica importante en México, y más en la historia de la educación nacional: la reforma educativa de 1934 que estableció la educación socialista.

El propósito de esta investigación fue, más que volver a hablar sobre los fundamentos y contenidos teóricos y prácticos de la reforma, así como sus objetivos y autores principales, con nombres y apellidos –asunto abundantemente analizado por diversos investigadores de nivel nacional, estatal y hasta local–, darles voz a quienes aún no aparecen en la “gran historia”, con sus propios nombres y apellidos. Maestros y maestras cuyas condiciones, no sólo profesionales, sino principalmente materiales, eran muy difíciles, tal vez más que las de hoy, lo cual se pone de manifiesto en sus maneras de solicitar y luchar por la mejora de esas condiciones, algunas veces pidiendo el favor y la benevolencia de los gobernantes, en particular del gobernador del Estado de México, más que presentando una exigencia social y laboral, a diferencia de lo que hoy sucede. En sus testimonios es posible advertir los problemas de escasez del erario y sus efectos en el pago justo y a tiempo de los salarios no sólo de los profesores, sino de todos los empleados públicos. Las huelgas eran otro recurso de lucha magisterial por la mejora de sus condiciones materiales de vida, que tenía efectos en el interior del gremio y en su balance social.

Creo que esta breve historia puede servir para comparar la situación de entonces y lo que hoy sucede en el campo de la educación en México, especialmente con relación a sus actores fundamentales, los maestros. ♦

ACEVES LOZANO, J. E. (1997). Caminos de la historia oral: los antecedentes. En: Jorge E. Aceves Lozano (comp.), Historia oral, pp. 7-26. México: Instituto Mora.

DE LA BORBOLLA, Ó. (2019). La rebeldía del pensar. México: Fondo de Cultura Económica (Breviarios, núm. 600).

Otras fuentes

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─ (1935b). Ramo Educación Pública, dto. Tenancingo, vol. 13, exp. 827, f. 02.

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─ (1935f). Ramo Educación Pública, dto. Tenango del Valle, vol. 19, exp. 1139, f. 112

─ (1935g). Ramo Educación Pública, dto. Toluca, vol. 45, exp. 2850, f. 12.

─ (1936a). Ramo Educación Pública, dto. Tenango del Valle, vol. 21, exp. 1280, f. 06.

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