Veamos en primer lugar lo que dice la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente respecto a la creación de ANP que se decretan como monumentos naturales:

Artículo 45. El establecimiento de áreas naturales protegidas, tiene por objeto:

[…]

VII. Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la recreación, la cultura e identidad nacionales y de los pueblos indígenas.

Artículo 52. Los monumentos naturales se establecerán en áreas que contengan uno o varios elementos naturales, consistentes en lugares u objetos naturales, que por su carácter único o excepcional, interés estético, valor histórico o científico, se resuelva incorporar a un régimen de protección absoluta. Tales monumentos no tienen la variedad de ecosistemas ni la superficie necesaria para ser incluidos en otras categorías de manejo.

En los monumentos naturales únicamente podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con su preservación, investigación científica, recreación y educación.

Amparados por la patente de corso mencionada, hagamos mutis ante eso de un “objeto natural” y mejor enfoquemos aquello de “régimen de protección absoluta” y “no tienen la variedad de ecosistemas ni la superficie necesaria”. Quizás así se comprenda mejor el hecho de que la categoría de monumento natural sea la más escasa entre las que componen el universo de las ANP mexicanas. Con seguridad, puede argüirse que las cinco ANP de nuestro país que han sido decretadas como monumentos naturales tienen ciertamente un “carácter único o excepcional”, pero eso no le quita validez a que sean muy pocas y a que la suma de sus superficies sea la de menor cuantía entre todas las áreas protegidas de competencia federal. El siguiente cuadro detalla cuáles son los monumentos naturales de México.

ANP mexicanas con la categoría de monumento natural

Sólo cinco monumentos naturales en sólo cinco estados de la República.[4] El total de la superficie que abarca esta categoría, 16 269.11 hectáreas, representa apenas 0.02 por ciento del total de la superficie de las ANP de competencia federal (90 839 521.55 hectáreas). Desde luego, es de agradecer que esas dieciséis mil y pico de hectáreas estén en tierra firme (aunque varias junto a ríos), pues así nos quitamos el problema de imaginar monumentos naturales en pleno mar. En términos de la regionalización del país que hace la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), su distribución es igualmente reducida, ya que sólo hay monumentos naturales en la región Noreste y Sierra Madre Oriental (2) y en la región Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur (3). Por último, aunque no menos significativo, el cuadro anterior deja ver que este tipo de ANP sólo ha sido decretado durante dos décadas, cuatro en los años noventa del siglo XX y uno en la primera del siglo XXI. Si traemos a cuento que los titulares del Ejecutivo Federal han expedido decretos para crear espacios inscritos en la categoría de ANP que ocupa más sitios, la de los parque nacionales, la parquedad para decretar monumentos naturales resulta evidente.[5]

Puede parecer un tanto incongruente que de los cinco monumentos naturales de carácter federal (ya que han sido decretados por presidentes de la República y son ANP administradas por la Conanp), solamente uno esté reconocido como sitio patrimonial de la humanidad por la UNESCO. Me refiero a Yagul, en Oaxaca, que de algún modo constituye la excepción, ya que las cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla en los Valles Centrales de Oaxaca fueron designadas patrimonio cultural de la humanidad en 2010. Otros sitios con monumentos arqueológicos en el país también forman parte de la lista de la UNESCO con la categoría de patrimonio cultural: Teotihuacán, Monte Albán, Chichén Itzá, Uxmal, Palenque, El Tajín, Xochicalco y Paquimé; además, las antiguas edificaciones de civilizaciones mesoamericanas que se conservan en Calakmul y en Tehuacán-Cuicatlán (ambas en zonas decretadas como reservas de la biosfera) forman parte de dos sitios designados como patrimonio mixto. Pero Bonampak y Yaxchilán, sobresalientes vestigios de la civilización maya del periodo clásico, no están en la lista de la UNESCO, sin que se entienda bien el por qué han quedado fuera. Diferente es la situación de los otros dos monumentos naturales de México: Cerro de la Silla y Río Bravo del Norte, pues en ambos casos se trata, ahora sí, de lugares construidos por las fuerzas de la naturaleza, no por el trabajo y la voluntad de los seres humanos.

Las posibilidades de enumerar con precisión los factores que han determinado la creación de las cinco ANP mexicanas que se ubican en la categoría de monumento natural y de tratar de evaluar a cabalidad su funcionamiento se ven constreñidas tanto por el espacio aquí disponible como por los objetivos principales de los artículos de esta serie. Sin embargo, la presentación de algunos de estos monumentos naturales que viene a continuación puede servir como una especie de introducción a la problemática asociada con los objetivos y lineamientos de manejo que distinguen a esta categoría de área natural protegida.

En su época de mayor esplendor, entre los siglos VII y IX de la era cristiana, Bonampak y Yaxchilán fueron sobresalientes centros urbanos de la civilización maya del periodo denominado “clásico”.[6]

La cultura maya de aquellos tiempos floreció en el entorno selvático que se extendía desde las tierras bajas del oriente del actual estado mexicano de Chiapas, a través de los actuales departamentos guatemaltecos de Petén e Izabal, hasta el noroeste de Honduras y partes de Belice, un área de unos 280 000 kilómetros cuadrados. Erigidos a las orillas de la perenne corriente fluvial del Usumacinta, los conjuntos arquitectónicos de Bonampak y Yaxchilán ocupaban una posición central en el entramado social, económico y político de aquel horizonte civilizatorio que (con mayor o menor precisión según el punto de vista que se adopte) de algún modo se ha asimilado con las polis de la antigüedad greco-latina al conceptualizar bajo el término de ciudades-estado a los centros urbanos de los antiguos mayas. A partir del siglo X, las ciudades-estado del periodo clásico maya entraron en decadencia y fueron finalmente abandonadas; la selva de la que habían surgido creció de nuevo y las envolvió dentro de su espesura, tejiendo un casi impenetrable manto vegetal que sólo fue develado cerca de mil años después gracias a los trabajos dirigidos por los arqueólogos modernos del siglo XX.

Aparejado al colapso de los grandes centros urbanos del periodo clásico, ocurrió un reacomodo general en la organización social y poblacional del territorio que desde ellos se gobernaba. Desde luego, esto no significa un despoblamiento total de seres humanos en la selva sino, más bien, que tras el abandono de las grandes urbes (por ejemplo, Tikal, Palenque, Quiriguá en plena selva o Bonampak, Yaxchilán, Piedras Negras a orillas del Usumacinta) la región permaneció habitada por comunidades nucleadas en torno a pequeñas aldeas que basaban su continuidad en una economía natural fundamentada en actividades agrícolas y de caza, pesca y recolección en pequeña escala.

Periodo colonial

Se ha postulado que esos grupos de aldeanos de la selva hablaban chol o chortí (aunque a veces también se incluyen otros idiomas mayenses).[7] Y se dice que su costumbre de albergar familias extensas y poligámicas en casas grandes (llamadas caribales por los recién llegados), junto con su belicosidad y resistencia, determinó que a los españoles esto les pareciera similar a rasgos culturales que habían encontrado entre los indios de las islas Antillas; por eso, les llamaron inicialmente caribes, aunque luego se adoptó el nombre de lacandones para designar colectivamente a estos indios de la selva (este nombre provenía de una referencia geográfica que designaba a un sitio denominado Lacantún). El gentilicio así impuesto terminó por convertirse en una especie de topónimo generalizado para toda la región selvática del oriente de Chiapas: la Lacandonia, Selva Lacandona o simplemente la Lacandona. Fue hasta 1695 que los españoles lograron derrotar a los lacandones y deportarlos a un poblado llamado Nuestra Señora de los Dolores del Lacandón y luego llevarlos a otra población de Guatemala, donde hacia 1760 murieron los últimos sobrevivientes de esa etnia original.

Los lacandones actuales son más bien hablantes de una variante del maya yucateco y formaban parte de grupos de refugiados que, de acuerdo con registros de 1640 y de 1780, entraron a la selva para escapar de la conquista española de la península de Yucatán. Por eso se ha cuestionado mucho la legitimidad del decreto de “Reconocimiento y Titulación de los Bienes Comunales Zona Lacandona”, emitido en 1972, mediante el cual el gobierno federal de México reconoció una superficie de 614 321 hectáreas como los terrenos comunales de propiedad del pueblo lacandón (otorgados inicialmente a 66 jefes de familia), ya que no resulta totalmente cierto que los ancestros de los lacandones actuales hayan sido los pobladores originales y descendientes directos de los constructores de las antiguas pirámides mayas, a pesar de que su presencia en la selva se remonte a más de trescientos años. En todo caso, sí se puede sostener sin mayor duda que durante toda la época colonial, la Selva Lacandona constituyó una zona de refugio para distintas poblaciones de indios rebeldes e insumisos que resistían la conquista y la tributación, manteniéndose apartados de las regiones donde se imponía el dominio de la civilización española. A pesar de que el medioambiente selvático proporcionó a esos indios un bastión casi inexpugnable, sus pueblos fueron muy diezmados por los intentos de conquista o pacificación y por la propagación de enfermedades epidémicas que, no obstante su aislamiento, los alcanzaron.

El periodo de los latifundios y las monterías

Los movimientos de independencia de México y Guatemala no modificaron sustancialmente la situación de los habitantes de la Selva Lacandona (Chiapas optó por separase de la vieja capitanía general de Guatemala e incorporarse a México en las primeras décadas del siglo XIX). Fue hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando se dio un giro al poblamiento de la selva en un proceso ligado al aprovechamiento de su riqueza forestal. La explotación intensiva de los recursos madereros de la Lacandona –o más bien deberíamos decir su saqueo– creció a escala comercial hacia 1860, cuando los bosques tropicales de Veracruz, Campeche y Tabasco daban muestras de agotamiento (especialmente en el primero de estos estados). La Lacandona presentaba grandes volúmenes de maderas preciosas (con las del cedro y la caoba como las más valiosas), pero el corte de los árboles debía llevarse a cabo en áreas cercanas a los ríos, pues las vías fluviales eran el único camino por el que se podía transportar las trozas hasta las costas y los puertos donde se embarcaría la madera rumbo al exterior; el río Usumacinta y sus no menos caudalosos afluentes (Jataté, Tzaconejá, Perlas, Lacantún, Lacanjá, Tzendales, Negro y otros) brindaron la posibilidad técnica. La posibilidad política se logró gracias a leyes expedidas por los presidentes Benito Juárez, Porfirio Díaz, Manuel González y Venustiano Carranza, quienes dieron curso a diversos ordenamientos legales que, entre otras cosas, modificaban los tamaños de la propiedad privada permitida, el deslinde de tierras consideradas ociosas, las formas de aprovechamiento forestal y otros asuntos relacionados. Esas leyes fomentaron la creación de inmensos latifundios que, si bien nominalmente eran propiedad de unas cuantas familias mexicanas, en realidad funcionaban como cotos privados de compañías madereras y deslindadoras que servían a los intereses de capitales franceses, belgas, alemanes, ingleses y estadounidenses. Durante cerca de un siglo (1860-1950), gran parte de la Selva Lacandona fue sujeta a las acciones extractivas y depredadoras de esos intereses extranjeros.

Algunos investigadores han argumentado que esta primera etapa de aprovechamiento forestal de la Selva Lacandona no tuvo un impacto demasiado pernicioso sobre las condiciones naturales de la región, porque sobre todo se trató de una explotación selectiva de unas pocas especies de árboles maderables (caoba, cedro y otras de madera preciosa, además de chicle y hule) [8] y generalmente se circunscribió a zonas cercanas a los ríos principales; sin embargo, se deben considerar algunas cuestiones para evaluar de manera integral las secuelas provocadas:

1. La continuidad de una historia de marginación de la Selva Lacandona con respecto al desarrollo nacional y mundial, pues el saqueo de la riqueza forestal no implicó ningún compromiso ante el desarrollo regional por parte de los capitales extranjeros;

2. De manera concomitante, este tipo de extracción forestal implicó una intensa explotación de la población indígena, pues el trabajo en las monterías dedicadas al corte y la movilización de las trozas, así como el empleo de hacheros, boyeros, arreadores, brecheros, etc., se hacían en condiciones muy semejantes a un régimen de esclavitud.

3. Un impacto ambiental bastante considerable –que a futuro lo fue aún más– originado por la utilización de fuerza de trabajo animal (bueyes y otros semovientes) para el arrastre de las trozas hasta las orillas de los ríos, pues esto implicó la apertura de áreas de pastizal para proveer alimento a esos animales; además, la necesidad alimentar a los trabajadores de las monterías llevó al desmonte de la selva para introducir ganado y sembrar granos; a partir de entonces, las actividades agropecuarias no han dejado de representar una amenaza para la continuidad natural de la selva.

Finalmente, la creación de inmensos latifundios de propiedad privada creó un modelo de apropiación de la tierra que marcó la historia agraria de la Selva Lacandona; varios latifundios sobrevivieron a la efervescencia del reparto de tierras en el sexenio cardenista y fue hasta mucho después que estas propiedades ilegales fueron expropiadas para integrar terrenos nacionales y fraccionadas para vender lotes a nuevos colonos.

Colonización moderna de la selva

A mediados del siglo XX, en el contexto de la Guerra Fría y ante los temores de las élites dominantes en Estados Unidos y América Latina de que el ejemplo de la Revolución cubana y su reforma agraria cundiera por el resto del continente, se lanzó la Alianza para el Progreso, mediante la cual se propuso a varios países latinoamericanos que crearan programas para reformar sus estructuras agrarias bajo un modelo capitalista. La administración del presidente Adolfo López Mateos impulsó entonces la iniciativa llamada “la marcha hacia el trópico” que, mediante la apertura de terrenos nacionales a la colonización y contando con apoyos financieros de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, buscaba fortalecer el modelo económico denominado “sustitución de importaciones” impulsando el funcionamiento del mercado interno a través de apoyos financieros para la agricultura y la ganadería. A través de decretos de expropiación expedidos en 1959 y 1961, los restos de las grandes propiedades que habían pertenecido a familias ligadas a las empresas madereras de la Lacandona se declararon terrenos nacionales, lo cual sentó las bases legales para la colonización de la selva en la segunda mitad del siglo XX. Esa reconversión agraria se completó con la tardía liberación de los peones de las fincas y haciendas chiapanecas que todavía a esas alturas del siglo mantenían bajo su despótica férula a la mayoría de la población indígena del estado de Chiapas.

La mayoría de los indígenas que vivía en las fincas no hablaba español y el analfabetismo era cercano al 100%; su información y comprensión del mundo fuera de la finca eran prácticamente nulos; no había maestros de escuela ni existía ninguna otra forma de contacto directo con los gobiernos estatal y federal que no fuera a través de la finca. Los indígenas vivían y se reproducían para servirle al patrón, sus actividades económicas fundamentales eran producir los alimentos que les permitieran un raquítico sustento y trabajar de “sol a sol” en la finca (Legorreta, D. 1998). Pero a partir de los años de 1950, la terminación del ferrocarril del sureste dio un poderoso impulso a la engorda de ganado para surtir el mercado nacional y propició que los ganaderos de Chiapas iniciaran un proceso de reconversión productiva de la vieja finca autosuficiente y diversificada a una finca especializada en la producción de ganado, que requería menor cantidad de fuerza de trabajo; todo ello y el riesgo que ya entonces representaban las solicitudes agrarias de los peones, aceleró la “despeonización” o liberación forzosa de los peones “acasillados” de las fincas e incrementó su emigración hacia la Selva Lacandona (Legorreta, D. 1998) (EPYPSA-Prodesis, s. f.: 17).

El proceso que podemos llamar colonización indígena de la Selva Lacandona avanzó primero por el norte y el poniente de la región, donde se asentaron pequeños pero numerosos núcleos de campesinos choles, tzeltales, tzotziles y tojolabales, además de otros compuestos por población mestiza. En 1972, en un contexto nacional y mundial reformado, el Estado mexicano tomó una decisión relevante para la reorientación del proceso de poblamiento de la Lacandona. Mediante decreto presidencial se adjudicaron 614 321 hectáreas al grupo étnico lacandón (al que se reconoció como compuesto por 66 cabezas de familia), supuestamente en calidad de restitución de bienes comunales. Esta medida se justificó argumentando que este grupo indígena tenía derechos especiales por su larga sobrevivencia en el ecosistema selvático, [9] gracias a la cual ellos eran los más capacitados para su protección y cuidado. Sin desconocer que los lacandones sean expertos en el conocimiento de la selva y que su larga estancia histórica en ella ciertamente les otorgue derechos de propiedad sobre la tierra, resulta imposible no fijarse en que las formas y medidas de ese decreto omitían la existencia de más de medio centenar de asentamientos campesinos integrados por gente no-lacandona, y que así se desconocía cualquier antecedente de gestión agraria que estos otros indígenas hubieran hecho, convirtiendo en irregulares esos asentamientos y a los colonos indígenas en invasores de los bienes comunales otorgados a los lacandones. Con la creación de la entidad denominada oficialmente Bienes Comunales Zona Lacandona, la única solución que se planteaba a los nuevos colonos que no eran lacandones consistía en la reubicación o el desalojo. Esto originó una serie de problemas y conflictos que hasta el día de hoy no han encontrado una verdadera solución a pesar de los muchos esfuerzos y recursos que se le han dedicado desde ese ya lejano 1972.

Para hacer más abigarrado aún el complejo panorama de la tenencia de la tierra, [10] las relaciones interétnicas y la competencia entre colonos nuevos y viejos, en 1978, el Ejecutivo Federal decretó la creación de la Reserva Integral de la Biosfera de Montes Azules, con una superficie de 331 200 hectáreas, de las cuales, más de 70 por ciento afectaba los terrenos de la recién creada zona de bienes comunales de los lacandones. Por si esto fuera poco, la represión del gobierno y el ejército guatemaltecos contra los indígenas mayas de ese país provocó que, entre 1982 y 1984, una considerable cantidad de refugiados indígenas cruzara la invisible frontera y diera origen a nuevos asentamientos kanjobales, chortís, chujs y de otras etnias mayas en varias partes del municipio de Las Margaritas y en la zona de Marqués de Comillas, municipio de Ocosingo. Diez años después, en 1994, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional puso de relieve en todo el mundo la compleja e injusta situación que viven los indígenas chiapanecos, quizá de manera más acusada los que habitan en la Selva Lacandona. Las demandas sociales que motivaron ese levantamiento no han sido satisfechas todavía, y los intentos –bienintencionados o fingidos– de los gobiernos federales y estatales que se han sucedido a lo largo de ya un cuarto de siglo no han alcanzado soluciones definitivas a los problemas más acuciantes: pobreza, hambre, marginación, caciquismo, indefiniciones de los territorios municipales, devastación ecológica, uso irracional de recursos naturales, movimientos migratorios y violencia sin control, entre otros.

El establecimiento de ANP en la Selva Lacandona no acabó con el decreto de la Reserva de la Biosfera Montes Azules en 1978. Tres lustros después, en un mismo día, el 21 de agosto de 1992, se decretaron como ANP el Área de Protección de Flora y Fauna Chan-Kin, la Reserva de la Biosfera Lacan-Tun, el Monumento Natural Bonampak y el Monumento Natural Yaxchilán. ¡Toda una hazaña ambientalista del gobierno de Carlos Salinas de Gortari! Y como el de Ernesto Zedillo de ningún modo se iba a quedar atrás, en septiembre de 1998 decretó como áreas de protección de flora y fauna a Nahá y Metzabok (con 3847 y 3360 hectáreas de extensión, respectivamente).

Debido a que Bonampak y Yaxchilán ya estaban registradas como zonas arqueológicas a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y las superficies que les atribuyeron los decretos que las convertían en monumentos naturales eran prácticamente las mismas que abarcaban esas zonas, la conversión de ambos sitios en áreas protegidas no fue percibida como una afectación grave para los Bienes Comunales Zona Lacandona, pero otro fue el caso para las demás ANP.[11] Porque el tamaño de Lacan-Tun (61 874 hectáreas) y Chan-Kin (12 185 hectáreas) condicionaba el uso del suelo y el manejo de los recursos naturales en una superficie total de 74 000 hectáreas. Y si sumamos las superficies acreditadas a Montes Azules, Nahá, Metzabok y Lagunas de Montebello, la cuantía de las hectáreas bajo régimen de protección federal es ya muy considerable. De esta manera, el mosaico de ANP de la Selva Lacandona, con diferentes categorías de manejo y variados tamaños ha contribuido de alguna manera a hacer más complejas las posibilidades de regularizar la tenencia de la tierra y a profundizar la inconformidad de las comunidades indígenas, con el consiguiente escalamiento de los conflictos y las controversias en torno a los temas agrarios y de utilización de recursos naturales que han caracterizado a este territorio desde hace más o menos siete décadas.

Es necesario advertir que lo dicho hasta aquí sobre la caótica situación histórica y actual de la Selva Lacandona no debe interpretarse en el sentido de que ha sido causada por el establecimiento de ANP de carácter federal. Son, desde luego, múltiples e intrincados los factores que han provocado la problemática que afecta a la Lacandona en variados ámbitos (social, económico, cultural, político, ecológico, etc.), y la creación y manejo de las ANP existentes en ella es uno más de tales factores. Uno en el que la propia configuración geofísica de esta región conduce a la necesidad de imponer medidas tendientes a la protección de su biodiversidad y sus recursos naturales, porque originalmente, la Selva Lacandona cubría una superficie de 1.8 millones de hectáreas y en la actualidad sólo queda 30 por ciento de esa cobertura.

Como parte del horizonte civilizatorio maya, la selva ha sido habitada y utilizada por seres humanos desde hace al menos unos dieciocho siglos, como lo demuestran los abundantes restos arqueológicos encontrados en el área (de los que los monumentos naturales de Bonampak y Yaxchilán son ejemplos descollantes). Sin embargo, el nivel de alteraciones y daños a las condiciones naturales de la cobertura selvática ha sido mucho mayor en los últimos cincuenta o setenta años que el que se produjo antes de este intervalo.

En la subprovincia fisiográfica de las Montañas Marginales del Oriente de Chiapas predomina un clima cálido-húmedo que ha contribuido a la evolución de una gama de ricos y variados ecosistemas tropicales que los biólogos suelen denominar como selva tropical húmeda, selva alta perennifolia o bosque tropical perennifolio; pero como hay también muchos árboles de tamaño más pequeño, se ha sugerido que asimismo puede llamársele selva mediana.

De acuerdo con un estudio de J. A. Meave del Castillo y A. M. Luis Martínez (2000) en el Monumento Natural Yaxchilán, en esta pequeña ANP se encuentra presente aproximadamente un diez por ciento de las especies vegetales que se han registrado en la región Lacandona. Dentro de la hectárea se encontró una densidad total de 4913 individuos distribuidos en 209 especies pertenecientes a 64 familias. El dosel de la comunidad vegetal se ubicó entre 25 y 30 metros de altura, aunque había árboles emergentes que medían entre 45 y 50, por un lado, y asimismo una gran cantidad que no rebasaba los 5 metros; además del arbolado de diversas alturas hay también otras formas de vida vegetal: algunas pocas especies arbustivas, hierbas, hierbas epifitas (destacando las orquídeas y las bromeliáceas), plantas trepadoras, palmas y vegetación secundaria introducida.

En cuanto a la fauna, destacó la presencia de murciélagos frugívoros y nectarívoros, roedores pequeños como ardillas (Sciurus deppei y Sciurus aureogaster) y el serete (Dasyprocta punctata). También se detectaron ratas comunes. En cuanto al grupo de los marsupiales, fueron avistados el tlacuache cuatro ojos (Philander opossum), el tlacuache común (Didelphis virginiana) y el ratón tlacuache (Marmosa mexicana).

Entre los mamíferos de talla mediana estaban: mono araña (Ateles geoffroyi), mono aullador (Alouatta pigra), armadillo de nueve bandas (Dasypus novemcinctus), puerco de monte (Pecari tajacu) y dos especies devenados (Odocoileus virginianus y Mazama americana); aunque difíciles de avistar, se registró la presencia de especies de carnívoros más grandes como el jaguar (Panthera onca), el puma (Puma concolor) y tres especies de felinos más pequeños (Herpailurus yagouaroundi, Leopardus pardalis y Leopardus wiedii).

El mapache (Procyon lotor), el cabeza de viejo (Eira barbara), el grisón (Galictis vittata), la martucha (Potos flavus) y el cacomixtle (Bassariscus sumichrasti) se registraron aunque con menos abundancia que los tejones (Nasua narica). De estas y otras especies de fauna, 16 están enlistadas en la NOM-059-ECOL-1994 bajo alguna categoría de riesgo, 11 se consideran endémicas de Mesoamérica y una endémica a México (Oryzomys melanotis).

El mismo estudio en Yaxchilán registró 216 especies de aves pertenecientes a 22 familias, entre las cuales destacaron 10 especies de colibríes, 4 de tinamús, 8 de garzas, más las conspicuas águila arpía (Harpia harpyja) –cuya distribución se restringe al sureste mexicano y está considerada en peligro de extinción por la NOM mencionada–, la guacamaya roja (Ara macaoa) y el tucán pico real (Ramphastus sulphuratus), que es emblemático del Monumento Natural Bonampak y también tiene estatus de protección.

Igualmente se registraron 12 especies de anfibios y 40 de reptiles, con salamandras, lagartijas, serpientes (incluyendo a la temida nauyaca) y al menos una especie de cocodrilo (Crocodylus moreleti) y una de tortuga (Dermatemys mawii) como las más comunes en el área. Aunque las 218 especies de papilionoideos resultaron ser menores al número que se esperaba encontrar de representantes de este género, ese par de centenas es muestra de la gran diversidad de mariposas que alberga la selva, y eso que en el registro sólo se incluyeron las especies de vuelo diurno.

Este incompleto recuento de especies registradas en el Monumento Natural Yaxchilán se ofrece aquí tan sólo como una inacabada muestra de la sorprendente y rica biodiversidad que tiene como espacio vital a la Selva Lacandona.

Pero no sólo por su diversidad de fauna y flora es importante la conservación del medio natural, pues esta región ha cobrado una creciente importancia en el contexto nacional y mundial por varias razones:

• Es uno de los últimos sitios en los que todavía se conservan porciones casi intactas de selva tropical húmeda, un ecosistema de los más biodiversos, dinámicos y ricos que hay en el planeta Tierra. El deterioro y eventual desaparición de este ecosistema natural se considera una pérdida para toda la humanidad.

• Forma parte de un patrimonio cultural e histórico que México comparte con Guatemala y Belice, los países vecinos al sur: el horizonte civilizatorio maya y mesoamericano. Los procesos socioculturales que han distinguido a los pueblos mayas se hallan plasmados tanto en los vestigios arqueológicos como en muchas de las prácticas étnicamente determinadas de la actualidad, por eso la Lacandona es un territorio considerado como patrimonio cultural de la humanidad.

• La militarización de la frontera México-Guatemala y el papel de la selva como puerta de entrada de la migración de refugiados centroamericanos hacia el norte, junto con el levantamiento armado neozapatista, hace que la región tenga gran prioridad en la actividad geopolítica internacional.

• Las cuencas alta y media del río Usumacinta, la corriente fluvial más caudalosa de México, dan contorno al perfil de la Selva Lacandona y representan una de las reservas estratégicas más importantes de agua para nuestro país.

• El potencial regional para la generación de energía hidroeléctrica y de la basada en el procesamiento de combustibles fósiles –petróleo y gas– acentúa la importancia económica y política de la región y hace más complejas las perspectivas de la problemática ambiental y del aprovechamiento y/o la conservación de los recursos naturales. [12]

• La selva ofrece importantes servicios ambientales (regulación hidrológica en el ámbito regional, control de la erosión, mantenimiento de la humedad de los suelos, entre otros). Es de suma importancia el papel que juega para la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos en la Llanura Costera del Golfo, donde se ubican grandes áreas de humedales del país y de toda Norteamérica (sistema lagunario Catazajá, los pantanos de Centla y en general, la zona de los ríos en Tabasco).

• Participación en el proceso regional y mundial de reconversión del carbono y mitigación de los efectos de gases de efecto invernadero a través de la labor fotosintética que realizan los organismos vegetales de la selva.

• Reservorio de material genético y de especímenes de flora y fauna importantes para el desarrollo de medicamentos y otras sustancias relacionados con el bienestar físico y anímico del ser humano.

En 2005, el Inegi ubicaba unos 2274 asentamientos humanos o localidades en el interior de la Selva Lacandona; en esos lugares se contaba una población aproximada de 406 820 habitantes, en su inmensa mayoría enfrentados a importantes problemas sociales, económicos y políticos que son el resultado de un complejo conjunto de contradicciones en el desarrollo regional. Aunque ya lo he mencionado arriba, enlisto ahora los que se consideran como más graves y que guardan estrecha relación con las políticas de colonización de la selva: el rápido crecimiento demográfico con un incremento anual estimado en 3.07 por ciento; [13] el rezago en el reparto agrario y la inseguridad en la tenencia de la tierra; las políticas de desarrollo agropecuario y forestal; la pobreza y los niveles de marginación prevalecientes; los impactos ambientales y sobre los recursos naturales, en primer lugar el alto porcentaje de deforestación en beneficio de los intereses madereros y del avance de la frontera agropecuaria.

Frans Blom fue un arqueólogo danés que descubrió las ruinas olmecas de La Venta en 1925. Durante el resto de su vida (murió en 1963), exploró y realizó investigaciones en muchas zonas arqueológicas del sureste mexicano, especialmente en Chiapas, donde fue uno de los primeros en visitar Bonampak y Yaxchilán. De la primera de esas antiguas ciudades mayas escribió:

Durante más de mil años el edificio de las pinturas en Bonampak ha estado bajo la sombra de grandes árboles. Estos árboles sirven no sólo como sombra, sino mantienen un cierto equilibrio en temperatura y humedad, lo cual ha servido para preservar los preciosos murales. Si se limpia el edificio de maleza y se cortan los árboles de sombra para facilitar la vista de los edificios, entonces el Sol abrasador secará el techo del edificio; secará igualmente la capa pintada de cal, y habrá peligro de que se convierta en polvo, tal como sucedió en el edificio 40 de Yaxchilán (Blom, 1957: 147).

Y en efecto, en buena medida han sido las condiciones naturales de la selva las responsables de preservar durante muchas centurias los tesoros arqueológicos de los mayas. Al tomar en cuenta lo dicho por Blom, el concepto de monumento natural adquiere algunas de las connotaciones que justifican su inclusión en las categorías de manejo de las ANP. La integración de una construcción humana en el paisaje y en el entorno biológico sobre la que se ha levantado resuelve en cierta forma la contradicción a la que me referí al inicio de este artículo. Pero otras contradicciones permanecen. Por ejemplo, ¿por qué si el interés y el afán por conservar la biodiversidad natural son grandes –como en México nos preciamos de que lo son–, los sitios declarados bajo una categoría altamente restrictiva a los impactos alteradores de las actividades humanas son tan pequeños en términos de la superficie así protegida? ¿Por qué nos preocupa tanto cuidar los vestigios de culturas ya desaparecidas mientras que hacemos poco caso a los problemas de otras de la misma estirpe que son relegadas a la marginación social simplemente porque mantienen un apego a sus tradiciones y costumbres? ¿Por qué las decisiones gubernamentales y los quehaceres institucionales se traslapan y se fragmentan, estableciendo supuestas mejorías que desconocen lo ya avanzado con anterioridad? ¿Será que –como afirma una corriente de pensamiento muy interesante– muchas de las ANP se decretan como tales para servir de reservorios para la explotación capitalista a futuro de los recursos que contienen? [14]

Resulta un tanto extravagante –para no volverle a llamar contradictorio– que organismos internacionales como el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco puedan concertar que se destinen considerables recursos financieros y humanos para el cuidado de los sitios patrimoniales, pero que hagan poco o de plano nada –¿porque no quieren o no pueden?– para interceder a favor de la devolución a su lugar de origen de muchos objetos componentes de los patrimonios que buscan proteger (es el caso de buen número de esculturas, estelas y dinteles que fueron sustraídos de Bonampak, Yaxchilán y otros sitios arqueológicos mayas y hoy permanecen en las colecciones del Museo Británico, la Chicago University y otras instituciones foráneas). Asimismo es un tanto extravagante que la Conanp –sin por ello estar diciendo una mentira– se precie de que los monumentos naturales de Chiapas gozan de una buena salud biológica, mientras que en las ANP contiguas los impactos antropogénicos sobre el medio natural continúan devastando la selva y sus recursos. Y no es que se trate de desconocer y arruinar los logros obtenidos por ésta y otras instancias gubernamentales y no gubernamentales en la preservación de la naturaleza y sus bienes, sino que lo dicho intenta llamar la atención sobre la necesidad de refinar conceptos, hacer más eficaces los manejos de las áreas protegidas e intentar la solidificación de las relaciones y las tareas –definiendo y priorizando las metas comunes– entre todos los actores involucrados en el esfuerzo conservacionista.

Puede ser que en el caso de México, la categoría de manejo de una ANP expresada por el rubro de monumento natural esté funcionando más o menos bien. Algo que no es de extrañar, ya que tres de las áreas así categorizadas cuentan con el refuerzo aportado por el INAH y la legislación que protege al patrimonio arqueológico e histórico de nuestro país. Restaría –cosa que ya no es posible hacer aquí– determinar si la calificación de buen funcionamiento puede aplicarse de igual manera a los otros dos monumentos naturales a cargo del gobierno federal en los que no hay vestigios del pasado que tengan la misma relevancia que Bonampak, Yaxchilán y Yagul, es decir, el Cerro de la Silla, sujeto a las presiones del crecimiento urbano de la ciudad de Monterrey, y el Río Bravo del Norte, donde las viejas historias de apaches, comanches y bandidos contra la caballería se ven reactualizadas en las luchas de los narcos, contrabandistas y polleros contra la border patrol, con el agravante de que el río lleva cada vez menos agua, porque se la hurtan las presas edificadas en ambos lados de la frontera. ♦

BLOM, F., y G. Duby (1957). La Selva Lacandona. Andanzas arqueológicas. México: Editorial Cvltvra.

EPYPSA / Prodesis (s. f.). Libro blanco de la Selva Lacandona. Editado con apoyo de la Unión Europea y el Gobierno del Estado de Chiapas [en línea]: <https://studylib.es/doc/5160826/libro-blanco-de-la-selva-lacandona>. Ir al sitio

MEAVE del Castillo, J. A., y A. M. Luis Martínez (2000). Caracterización biológica del Monumento Natural Yaxchilán como un elemento fundamental para el diseño de su plan rector de manejo. Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Ciencias. Informe final SNIB-Conabio proyecto No. M099. México [en línea]: <www.conabio.gob.mx/institucion/cgi-bin/datos2.cgi?Letras=M&Numero=99>. Ir al sitio

MELO, C. (2002). Áreas naturales protegidas de México en el siglo XX. México: UNAM-Instituto de Geografía [en línea]: <www.publicaciones.igg.unam.mx/index.php/ig/catalog/view/111/107/331-1>. Ir al sitio