Cuando el 28 de septiembre de 1821 se firmó el Acta de la Independencia del Imperio Mexicano, la nueva nación que surgía tras una convulsionada década de lucha por la emancipación no tenía una clara noción cartográfica de sus dominios, límites y recursos. Para afirmar su soberanía sobre algo más de cuatro millones de kilómetros cuadrados, contaba en ese entonces con una población de apenas siete millones de habitantes que vivía en pequeños pueblos y rancherías del ámbito rural y que era predominantemente indígena. Más de la mitad del inmenso territorio reclamado como suyo por ese México se situaba por arriba de los 32 grados de latitud norte;[1] esa mitad septentrional del Imperio era conocida de manera muy deficiente por las autoridades centrales y estaba poblada en su mayoría por tribus indias que no reconocían bien a bien ser parte de aquella nación recientemente independizada (ni de ninguna otra, para el caso). La población llamada “gente de razón” –es decir, de raza blanca, mestizos, negros o indígenas integrados en el sistema político-cultural de la colonia– representaba poco más de 1 por ciento de la población total de México (en conjunto, la densidad de la población no alcanzaba siquiera la cifra de un habitante por kilómetro cuadrado).

Según datos presentados por el sobresaliente historiador David J. Weber (1988), en Texas había 2500 habitantes considerados “gente de razón”, básicamente centrados en dos poblaciones del sureste de esa provincia, San Antonio de Béxar y la Bahía del Espíritu Santo (después llamada Goliad); en la Arizona hispánica (que todavía no se conocía con ese nombre) había unos mil, centrados en Tucson, el puesto militar de Tubac y en Tumacácori; en la jurisdicción de Nuevo México destacaban El Paso del Norte y sus comunidades aledañas, con unos 8 mil habitantes, así como la región del alto río Bravo, entre Socorro al sur y Taos al norte, con unas 30 mil “gentes de razón” y más o menos unos 10 mil de los llamados indios Pueblos, que eran agricultores sedentarios parcialmente asimilados a la estructura colonial (la capital novomexicana, Santa Fe, tenía una población de alrededor de 5 mil personas);[2] en la Alta California unas 3200 gentes de razón vivían repartidas en puntos de la franja costera como San Diego, Santa Bárbara, Monterrey, San José y Los Ángeles, pero como los indios yumas controlaban el cruce del río Colorado desde 1781, las poblaciones californianas se hallaban aisladas y tenían que comunicarse por mar con el resto de Nueva España.

Así, el primer punto sobre el que quiero llamar la atención del lector es que al iniciar su vida independiente, México no sólo se enfrentaba a la lejanía geográfica de sus provincias más septentrionales, sino que además tenía en ellas un déficit demográfico que, si atendemos a la máxima de que “gobernar es poblar”, constituiría un factor decisivo en el intento de imponer su soberanía en esas regiones. En el cuarto de siglo siguiente a 1821, la intrusión de muchos colonizadores provenientes principalmente de los Estados Unidos probaría las nefastas consecuencias de ese déficit poblacional.

Un segundo factor decisivo en el futuro de la frontera norte del México inicial fue el catastrófico curso de la conducción política del nuevo Estado. Pues, en efecto, entre 1822, cuando Iturbide se declaró emperador, y 1847, cuando se desató la invasión estadounidense, México vivió en condiciones de permanente agitación y penuria: soportó cincuenta gobiernos militares, fue alternativamente una república federalista (1824-1836) o centralista (1836-1847), tuvo que soportar movimientos separatistas en sus extremos norte y sur (el de Texas, iniciado en 1836, resultó irreversible; mientras que el de Yucatán que en 1840 declaró independiente a la península homónima fue revertido en 1846 debido a la necesidad de contar con el apoyo federal durante la llamada “guerra de castas”). Una innegable muestra de este desequilibrio político fue que en ese periodo hubo tiempo para convocar siete congresos constituyentes que promulgaron un acta constitutiva, tres constituciones y un acta de reformas, además de que en las entidades federativas también se hicieron muchas constituciones estatales. Cada uno de estos actos organizativos y sus documentos resultantes pretendieron reflejar lo que consideraban una idea definitiva de la redención nacional.

Un tercer factor importante fue el tratamiento dado a la cuestión de las relaciones con las llamadas “naciones bárbaras”, es decir, las tribus y bandas de indios nómadas que vivían de la caza, la recolección de productos silvestres y el despojo de botines por medio de las incursiones de temibles guerreros. Para fines del siglo XVIII, la recomposición de los territorios tribales debida al avance de la colonización angloamericana al oeste del río Misisipi empujaba cada vez con más frecuencia a comanches, apaches, kikapús, cados y otros grupos indios hacia el sur. Mientras que el pragmatismo angloamericano no mostró demasiados reparos en comerciar armas a cambio de ganado u otros productos del pillaje, tanto las autoridades novohispanas como las ya mexicanas siguieron insistiendo en mantener un trasnochado tutelaje sobre los indios que buscaba convertirlos en agricultores cristianos con residencias fijas.

A pesar de que a la ceremonia de coronación de Iturbide asistieron algunos jefes de los indígenas norteños para demostrar su adhesión al Imperio mexicano, las promesas de integración e igualdad hechas en aquella ocasión no fueron nunca realmente cumplidas, más bien muy pronto –debido a las carencias del erario mexicano– se cortaron los suministros que se daban a los indios guerreros a cambio de mantener la paz. Por eso, a partir más o menos de 1830, fuertes partidas de comanches o apaches asolaron el norte de México, convirtiéndose en una especie de punta de lanza de la próxima invasión de los colonos y los soldados estadounidenses.[3]

No obstante estos problemas, que se harían mucho más patentes unas décadas después, en 1821 el aviso de la recién adquirida independencia fue saludado con vivas en las provincias del norte. Aunque las noticias tardaban un lapso considerable en llegar desde la Ciudad de México hasta las capitales provinciales del norte, desde bien entrada la primavera de aquel año se sabía que el Plan de Iguala, promulgado por Iturbide en febrero, ganaba rápidamente adeptos en todo el país.[4] Por eso, el 19 de julio, la guarnición y las autoridades civiles y eclesiásticas de San Antonio, la capital texana, juraron ante un gran crucifijo erigido en la plaza del poblado mantener la independencia de México. Al entrar el otoño, actos similares se repitieron en otras capitales y poblados del norte: el 3 de septiembre, en el cuartel militar del presidio de Tucson, y cinco días después, en El Paso (donde hoy está el centro de Ciudad Juárez). Otros lugares por su mayor lejanía e incomunicación tardaron más. Así, en Santa Fe se juró el 6 de enero de 1822; en Monterrey, la capital de la Alta California,[5] el 11 de abril de este último año; y en Loreto, Baja California, hasta julio, o sea, unos diez meses después de haber sido proclamada en la capital del país.

El libro de David Weber ofrece un interesante y algo conmovedor ejemplo de lo que significó para autoridades y gente común la transición de novohispano a mexicano:

Aunque los gobernadores de la frontera eran rebeldes renuentes, su buena voluntad para aceptar pacíficamente al nuevo régimen y la disposición de la ciudadanía y de la tropa para seguirlos, evitó, en 1821, una destructora guerra civil en la frontera. Quizás las únicas bajas de la revuelta de Iturbide en la frontera fueron las trencitas que usaban los soldados. Según dice Juana Machado, jovencita en esos días, “era costumbre que los hombres tuvieran el pelo largo, que se lo trenzaran y al extremo se lo anudaran con un listón o seda; a algunos les llegaba a la cintura”. Al ocurrir el cambio de banderas en California en 1822, dice Juana Machado que se expidió “una orden para que los soldados perdieran sus trenzas … Cuando papá llegó a casa llevaba su trenza en la mano, se la tendió a mamá, con gran tristeza en su rostro … miró a la trenza y se puso a llorar” (Weber, 1988, p. 35).

Así, puede ser que la independencia no haya suscitado gran entusiasmo en una parte de la población del norte, pero es indudable que para otra parte el nuevo orden político sí reportó beneficios. Aparte de la apertura comercial (que no abordaré aquí), las posibilidades de autonomía local aumentaron gracias a la revitalización de las estructuras municipales y hubo ciertas oportunidades para que los gobiernos provinciales fueran más representativos; si esto se malogró, fue a consecuencia de los malos manejos y ansias de poder de turbios gobernantes a la manera de Iturbide[6] y Santa Anna, por el acecho y la injerencia de potencias extranjeras, por el atraso tecnológico y económico, y también por las contradicciones que entrañaba el nuevo ordenamiento constitucional de 1824, que por un lado hacía gala del impulso a la igualdad de la población, pero por otro preservaba privilegios y fueros para los miembros del clero, los militares y los hacendados (una funesta herencia del régimen colonial). Pero en cierto sentido, la independencia despertó esperanzas que se vieron reflejadas, por ejemplo, en algo que no es comúnmente mencionado en los libros de historia:

Al consumarse la independencia, en cumplimiento de la Constitución de 1824 se hizo la delimitación territorial de las entidades federativas, incluyendo las del norte. Esto vino acompañado de cierto entusiasmo general por la implantación de las renovadoras instituciones republicanas y federalistas, opuestas al monarquismo centralista de la recién superada época colonial. Esa atmósfera se reflejó en la toponimia, que siempre es reveladora del espíritu de los tiempos, pues evidenció un claro propósito de desligarse del pasado colonial. En vía de ejemplos recordemos que se substituyeron los nombres tradicionales, muchos de ellos de santos, por los de héroes de la independencia: San José del Parral en adelante fue Hidalgo del Parral; San Bartolo, Allende; Aguayo, Ciudad Victoria (en honor del primer presidente de la república); la villa del Pitic, Hermosillo (por José María González Hermosillo), y pronto otras poblaciones recibieron los nombres de Aldama, Rosales, Jiménez, Galeana, etcétera (Piñera, 1989, p. 29).

En todo caso, rescataré en lo que sigue algo a lo que alude Weber en el párrafo de su autoría que cité anteriormente. Me refiero al rechazo a dirimir por la violencia la cuestión de mantener las provincias del norte como parte del decaído Imperio español o sumarse al mexicano. Había sin duda, en la década de 1820-1830, un hartazgo de la guerra que en los diez años anteriores había ensangrentado al país y lo había puesto al borde de la ruina económica. A propósito de esto, hago en lo que sigue un breve recuento de los movimientos independentistas en el norte de México.